17/05/09
Soja en Terrenos Fiscales: parte II
El diario La Hora publicó textualmente una nota de Mercedes Ambiental con otro título que no se correspondía con la cuestión planteada, y esto motivó la respuesta del presidente del Concejo, que calificó el informe de “injusto y tendencioso”. La polémica sigue.

Un medio de comunicación de la ciudad, “La Hora”, publicó información textual brindada a través de Mercedes Ambiental cambiándole los titulares, lo que generó que la polémica siga adelante por el uso de los terrenos fiscales para la siembra de soja.

La nota “La soja en terrenos fiscales… ¿fin de la polémica?” fue copiada textualmente en el  diario “La Hora”, y publicada en tapa el día martes 12 de mayo, con un título que no se correspondía con la información que se daba: “No se investiga por archivo de expediente”, era el título de tapa, y “Por el archivo de un expediente no se avanzará en la investigación”, se eligió como título para la nota en la página 4 en “La Hora”.

Esta nota interpretada así fue respondida por el presidente del Concejo Deliberante, Marcelo Denápole, quien al día siguiente en el mismo medio realizó declaraciones enunciando que nuestras apreciaciones le parecían “injustas y tendenciosas”.

Esta innecesaria actitud “corporativista” en defensa del Cuerpo que preside, desenfocando el tema y acusando de “tendencioso” al informe presentado en la nota “La soja en terrenos fiscales”, la cual cuestionaba principalmente la aceptación al modelo agro exportador sojero a partir de los “negocios que hicieron”, nos hace pensar que Denápole se habría basado en las “apreciaciones” del diario “La Hora”, por lo tanto sus calificaciones de injustas y tendenciosas son hacia el diario que publicó la nota. Denápole dice: “Considero que la afirmación ‘no se investiga por un archivo’ es totalmente injusta y tendenciosa”. Y esta afirmación la hizo “La Hora”.

Da la sensación de que algunas personas como no pueden leer la realidad tampoco pueden leer una nota ni entender su fundamento o bien acusan a quienes cuestionen la gestión de los funcionarios. Lo preocupante es que esta manera de actuar la lleven adelante quienes ocupan cargos de alta importancia en la escala institucional.

A raíz de la nota realizada por el medio de prensa “La Hora”,  el concejal  se defendió e historió las labores realizadas por el Deliberativo con respecto al expediente, pero no puso en tela de juicio los cuestionamientos originales del artículo publicado, sino la interpretación que se hizo del mismo. Y no menciona los argumentos por el cual se resolvió archivar este expediente.
Vale destacar su argumento, donde comenta que: “Todo se inició con una gestión del intendente ante el Ministerio de Justicia de la Nación, titular del predio donde se realizó el cultivo de soja sin autorización y que luego todo concluye en un convenio convalidado por el Concejo donde las ventas producidas pasaban a las arcas de la Municipalidad”. ¿Será el fin de la polémica?

Para finalizar, nos gustaría reiterar textualmente, los últimos párrafos del artículo original “La soja en terrenos fiscales… ¿fin de la polémica?”, donde se expone una realidad que no se quiere discutir en Mercedes, por intereses económicos de unos pocos: las consecuencias sociales y ambientales del modelo productivo agro exportador sojero:

“Es sabido que este modelo no contribuye en nada a nuestro desarrollo local, ya que se degradan los suelos haciéndolos improductivos para nuestra agricultura tradicional, se aplican agrotóxicos de forma descontrolada y a gran escala generando problemas en la salud de los pobladores cercanos, así como contaminación de la tierra y de las napas de agua.  Además que todo lo que produce se exporta para ser vendido al mercado de biocombustibles, de lo cual no nos alimentamos.

En este sentido, varios terrenos fiscales que han sido utilizados para este negocio hoy están abandonados y gravemente degradados (algunos de ellos se pueden ver sobre Acceso Manuel Sanmartín, mas conocido como acceso sur,  en un terreno lindero a la fábrica Sanmartín, o sobre la ruta nacional 5 a la altura del peaje de Olivera alrededor de la Reserva Natural Arroyo Balta).
Es necesario que como ciudadanos exijamos a nuestros funcionarios que se cumpla con nuestros derechos, si seguimos permitiendo esta corrupción seremos cómplices de esta decadencia. El art. 41 de nuestra constitución expresa el derecho de todo ciudadano a vivir en un ambiente sano, y que se realicen las consultas públicas previas a estas acciones que generan un grave impacto”.